El aumento del salario mínimo es politiquero

Soy José Miguel, economista y magíster en políticas públicas, listo para defender tus intereses con ideas claras y acción concreta.

12/30/20251 min read

“El aumento del salario mínimo no solo esirresponsable, es populista y politiquero.” - José Miguel Zuluaga

Colombia llega a este aumento del salario mínimo con una base frágil: cerca del 58 % de los trabajadores está en la informalidad y más del 90 % del tejido empresarial son micro y pequeñas empresas, según el DANE. A pesar de este contexto, el Gobierno anunció un incremento del 23,7 %, una cifra que no se sustenta en los fundamentos económicos actuales. La inflación anual se ubica alrededor del 5,3 % y la productividad laboral no muestra crecimiento, con una variación cercana a cero o incluso negativa, lo que evidencia una desconexión entre el ajuste salarial decretado y la capacidad real de la economía.

“El anuncio de un aumento en el 23,7 % del salario mínimo por parte del Gobierno nacional no solamente es irresponsable, sino que es populista y politiquero. Están haciendo política a costa de la gente y, al contrario de que sea más plata para los trabajadores, va a ser menos trabajo… están pensando en cómo quedarse en el poder”, afirmó José Miguel Zuluaga.

Desde una perspectiva técnica, cuando el salario mínimo crece muy por encima de la inflación y sin respaldo en la productividad, el resultado inmediato es el aumento de los costos laborales, afectando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en el país. Este escenario incentiva la informalidad, frena la contratación formal y termina trasladando mayores costos a los precios finales, presionando nuevamente la inflación.

Además, el impacto trasciende el empleo. En Colombia más de 100 rubros están indexados al salario mínimo, incluidos aportes a seguridad social, multas, tarifas y el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS), que se comercializa en salarios mínimos. Esto significa que el aumento decretado hoy encarecerá automáticamente la VIS en 2026, reduciendo el acceso a vivienda propia y profundizando las brechas económicas que dice querer cerrar.